Más de 100 organizaciones ambientalistas unen fuerzas para frenar las modificaciones propuestas por la ley ómnibus en temas cruciales como bosques, glaciares y pesca. A pesar de la marcha atrás en algunos puntos, las controversias persisten y se intensifica el diálogo con el Gobierno Nacional.
Es alarmante para varias organizaciones ambientalistas la propuesta de reformas en la ley ómnibus, que contempla más de 664 modificaciones, algunas de las cuales apuntan a diluir y desregular la legislación que protege la naturaleza. La preocupación surge a poco más de un mes de que el nuevo gobierno ratificara su compromiso con el Acuerdo de París en Dubai, generando inquietud en el sector ambientalista.
En una carta pública, más de 100 organizaciones catalogaron como “regresiva” la propuesta oficialista, solicitando el rechazo de varios aspectos y abogando por la creación de comisiones especializadas. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Vida Silvestre, expresó su inquietud: “Parece que queremos quitar al Estado de un rol central que es el control y fiscalización de los temas ambientales, algo que no puede quedar en manos de privados”.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, y la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, admitieron desaciertos en la propuesta, prometiendo una marcha atrás en algunos puntos vinculados con pesca, bosques nativos y control de quemas. Sin embargo, el resto de los artículos permanecen intactos, y se espera que se discutan durante las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero.
En una reunión entre representantes de organizaciones ambientalistas y Lamas, las entidades expresaron su preocupación y propusieron postergar el tratamiento de los temas ambientales fuera del paquete de la ley ómnibus, en sesiones ordinarias. Según las organizaciones, las reformas no solo implican riesgos ambientales a mediano y largo plazo, sino que también podrían debilitar acuerdos internacionales.
José Esain, abogado de Aves Argentinas, señaló: “Todas las reformas violan el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú, abocado al acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Bosques:
La preocupación por los bosques se centra en la propuesta de modificar la ley de bosques nativos (26.331). Según datos de Global Forest Watch, entre 2001 y 2020 desaparecieron 6,6 millones de hectáreas de bosque en Argentina, principalmente debido a la expansión agrícola y ganadera. El director ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas, advirtió que la desregulación propuesta podría afectar gravemente las cuencas de muchos ríos y comprometer la biodiversidad.
El proyecto buscaba cambios en zonas protegidas, permitiendo actividades humanas en áreas con categorías amarilla y roja sin necesidad de permisos. Además, se proponía eliminar el piso presupuestario para la protección de bosques, generando preocupación sobre un posible desfinanciamiento de la ley.
Ana Lamas afirmó que se revisarán algunas de estas modificaciones que ponen en riesgo financiamientos internacionales, pero el punto de eliminar el piso presupuestario se mantendrá en el texto final.
Glaciares:
Las modificaciones propuestas en la ley de glaciares (26.639) generan preocupación sobre la protección del agua proveniente de estas zonas. Los cambios buscan reducir el área protegida, dejando a criterio de las provincias qué se puede proteger y qué no. Organizaciones advierten que esto podría poner en riesgo la reserva de agua esencial para animales, plantas y millones de habitantes en Argentina.
Lucas Ruiz, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, explicó que las modificaciones relativas a los requisitos para proteger las masas de hielo podrían dejar desamparadas áreas periglaciales importantes. A pesar de las garantías de Lamas, que asegura que ninguna zona activa se vería afectada, las organizaciones ambientalistas temen consecuencias graves para la disponibilidad de agua.
Pesca:
La propuesta de desregulación en el régimen federal pesquero generó inquietud entre las organizaciones ambientalistas. Aunque hubo marcha atrás en algunos puntos, persiste la preocupación sobre la flexibilización de controles, especialmente en la participación de provincias y la obligatoriedad del desembarco en puertos argentinos.
La posibilidad de permitir que embarcaciones extranjeras no desembarquen en puertos nacionales preocupó a las organizaciones, ya que esto podría debilitar los controles, fiscalización y trazabilidad de la pesca en el país. Especialistas advierten que esto podría favorecer la pesca ilegal, ya que las embarcaciones podrían eludir inspecciones y eludir regulaciones.
Aunque se logró retroceder en algunos puntos críticos, no hay certeza sobre si estos cambios propuestos llegarán al texto final de la ley ómnibus.
Las reformas ambientales propuestas generan intensos debates y preocupación en Argentina. A pesar de la marcha atrás en algunos aspectos, persisten las inquietudes sobre los posibles impactos negativos en los bosques, glaciares y la industria pesquera. La importancia de mantener compromisos internacionales y garantizar la protección del medio ambiente se convierte en un desafío para el Gobierno, que busca consensos en medio de la controversia. El desenlace de estas discusiones tendrá repercusiones no solo a nivel nacional sino también en la percepción internacional de Argentina en materia ambiental y de derechos humanos.
Por Buen Ciudadano
