La audiencia pública llevada a cabo en la Legislatura Porteña por la venta de más de 30 inmuebles, fue declarada nula por la justicia.
Al existir “inobservancia deliberada respecto de la orden cautelar”, el magistrado juez Andrés Gallardo estimó dicha situación en la audiencia pública virtual celebrada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Página 12 señala, que la audiencia pública que fue realizada de manera virtual por el oficialismo de la Ciudad con el fin de vender alrededor de 30 inmuebles que serían supuestamente innecesarios, ha sido declarada nula, aunque el día anterior el magistrado ordeno suspender la misma por incumplimientos con las normativas que indica la ley para su convocatoria.
Los legisladores porteños realizaron la audiencia por zoom, con el fin se seguir adelante con el tratamiento de la ley que impulsaba la transacción comercial de los inmuebles que el Gobierno de la ciudad estima innecesarios.
Dentro del marco de la pandemia, se estableció la modificación que se hizo a la ley que regula este tipo de reuniones públicas, sin dejar de tener en cuenta a todos aquellos que no tienen dispositivos informáticos o wifi. De este modo la semana pasada el magistrado juez Gallardo ordenó la suspensión, tras hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, (ODC), y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el día anterior a la audiencia que se realizo el día miércoles de la semana pasada.
El funcionario judicial remarcó que se rechazó “las mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación”, al mismo tiempo “fueron desatendidos los avisos acerca de que la secretaria del Juzgado, Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, más no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”.
También, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, fue quien valoró lo sucedido como un tema de “gravedad institucional“, y expresó a través del escrito que “se advierte con elocuencia la inobservancia deliberada respecto a la orden cautelar”.
Además, explicó que “distintas y numerosas personas en sus respectivas intervenciones” le advirtieron a Romero “acerca del error que estaba cometiendo en llevar a cabo el evento desoyendo los términos de la medida cautelar y supeditando a las y los participantes a ser cómplices de tal eventual comisión delictiva”.
